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La caza judicial al expresidente Lula

20/07/2016 12:21

En más de 40 años de actividad pública, la vida del expresidente Lula ha sido investigada en todos los aspectos: político, fiscal, financiero e inclusive personal. Ningún político brasileño ha sido tan investigado durante tanto tiempo: por los organismos de seguridad de la dictadura, por la prensa, por los adversarios políticos y por comisiones del Congreso durante sus dos mandatos.

A pesar de las falsas acusaciones que siempre ha sufrido, nunca se ha demostrado nada erróneo en la vida de Lula, porque él siempre ha actuado dentro de la ley, antes, durante y después de ser presidente de Brasil. Solamente la dictadura se animó a condenar y prender a Lula, en 1980, con base en la infame Ley de Seguridad Nacional. Su crimen de “subversión” fue luchar por la democracia y por los derechos de los trabajadores.

Desde la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, en octubre de 2014, Lula se ha convertido en el objetivo de una verdadera caza judicial. Los agentes partidarios del estado en el Ministerio Público, en la Policía Federal y en el Poder Judicial, se han movilizado con el objetivo de encontrar un crimen – cualquiera – para acusar a Lula y llevarlo a los tribunales.

Decenas de fiscales, investigadores policiales, inspectores de Organismos Recaudadores de Ingresos Públicos e inclusive jueces actúan frenéticamente en esta caza, en complicidad con los monopolios de la prensa y de una banda de difamadores profesionales.

En falta de acusaciones formales, ya que Lula siempre ha actuado dentro de la ley, fomentan un juicio a través de los medios de comunicación (trial by media), sin equilibrio y sin derecho a lo contradictorio. Rumores, conclusiones y escapes selectivos de investigaciones se divulgan con estruendos, en un verdadero linchamiento moral y político.

Está claro que el objetivo de la plutocracia brasileña, de la mass media y de los sectores más retrógrados del País es llevar al expresidente al asiento de los acusados, para excluir a Lula del proceso político brasileño.

Han quebrado los sigilos bancario y fiscal de Lula, el de sus hijos, el de su empresa de conferencias y el del Instituto Lula. Han quebrado el sigilo de las llamadas telefónicas de Lula, de sus familiares, colaboradores e inclusive, el de sus abogados. Han invadido y registrado la casa de Lula, las casas de sus hijos y el Instituto Lula.

Han investigado todos los viajes internacionales del expresidente – quién pagó, qué aviones usó, quiénes lo acompañaron, dónde se hospedó, con quiénes conversó, inclusive jefes de estado y de gobierno. Han investigado las conferencias e inclusive los regalos que Lula recibió cuando era presidente.

Y no han encontrado nada rigurosamente capaz de asociar a Lula con los desvíos en la Petrobrás, investigados en la Operación Lava Jato, o cualquier otra ilegalidad. Ningún depósito sospechoso, ninguna cuenta en el exterior, ninguna empresa de fachada, ningún centavo que no haya sido ganado honestamente y declarado para el pago de impuestos.

Ni los reos confesos de la Operación Lava Jato, que negocian beneficios penales y financieros a cambio de acusaciones a agentes políticos, se atrevieron a señalar la participación directa o indirecta de Lula en los desvíos de la Petrobrás. Y esto es terriblemente frustrante para los cazadores del expresidente.

Ante la ausencia de pruebas, evidencias o testimonios confiables, los verdugos de Lula someten al expresidente a una serie de embarazos y arbitrariedades que violan, no apenas sus garantías, sino los principios del estado democrático de derecho, amenazando a toda la sociedad.

A lo largo de estos dos años han sido violados los siguientes derechos del expresidente Lula:

● El derecho al tratamiento imparcial y a la presunción de la inocencia;

● El derecho al juez natural y al fiscal natural;

● El derecho al conocimiento de procesos y de acceso pleno a los autos, lo que llegó a ser reconocido por el Consejo Nacional del Ministerio Público;

 ● El derecho al sigilo de las comunicaciones con los abogados; también reconocido por el Ministro Teori Zavaski, del Supremo Tribunal Federal;

● El derecho al sigilo de las comunicaciones telefónicas; también reconocido por el Ministro Teori, del STF;

● El derecho a la preservación del sigilo de los datos personales, fiscales y bancarios confiados a agentes del estado y a la Justicia;

● El derecho de no ser indefinidamente investigado más allá de los plazos legales o razonables para la presentación de la denuncia o archivo de hechos;

● El derecho a la privacidad y a la preservación de la imagen, previstos en el Artículo 5º de la Constitución de Brasil;

● El derecho de respuesta en los medios de comunicación;

● El derecho político de ejercer la función pública, para la cual siempre ha estado apto, negado por decisión individual del ministro Gilmar Mendes, del STF;

● E inclusive el derecho de ir y venir, sin que hubiera decreto de prisión y sin hipótesis prevista en ley para su conducción coercitiva el 4 de marzo de 2016.

CONTRA LULA, UN TIRO AL BLANCO JUDICIAL.

Las sucesivas arbitrariedades contra Lula ocurren en el ámbito de un ataque judicial y para-judicial en diversos frentes simultáneos, lo que configura un movimiento orquestado de perseguición.

A lo largo de estos dos años, el expresidente, sus familiares, el Instituto Lula y la empresa LILS Palestras se han transformado en objeto de:

● 3 procesos abiertos por fiscales federales de Paraná, por supuestas (e inexistentes) alegaciones referidas a inmuebles que Lula no posee, conferencias realizadas de acuerdo con la ley;

● 1 acción penal referida a los mismos hechos, propuesta por fiscales del Ministerio Público de Sao Paulo;

● 1 proceso abierto por fiscales federales de Brasilia sobre los viajes internacionales del  expresidente;

● 1 proceso del Procurador General de la República para investigar hechos relacionados a la Operación Lava Jato;

● 1 acción penal propuesta por el Procurador General de la República referida al supuesto (e inexistente) intento de obstrucción de Justicia;

● 1 proceso de fiscales federales de Brasilia para investigar la supuesta (e inexistente) ventaja de uno de los hijos de Lula en la tramitación de Medidas Provisorias aprobadas por el Congreso;

● 3 procesos policiales abiertos por la Policía Federal en Brasilia y en Paraná;

● 2 acciones de fiscalización del Organismo Recaudador de Impuestos Públicos donde nada han encontrado de irregular en el Instituto Lula y en la empresa LILS Palestras;

● Quiebra del sigilo fiscal y bancario de Lula, del Instituto Lula, de la empresa LILS Palestras y de 12 personas más y 38 empresas de personas relacionadas al expresidente;

● Quiebra del sigilo telefónico y de las comunicaciones por Internet de Lula, su familia, del Instituto Lula y de los directores del Instituto Lula; e inclusive los abogados de Lula han sido alcanzados por esta medida ilegal;

● 38 mandatos de búsqueda y aprensión en las casas de Lula y de sus hijos, de empleados y directores del Instituto Lula, de personas relacionadas a él, ejecutados con abuso de autoridad, aprensiones ilegales y secuestro del servidor de correo electrónico del Instituto Lula;

Los agentes partidarios del estado promueven un verdadero tiro al blanco judicial, atacando a Lula simultáneamente en diversos frentes judiciales, por las mismas alegaciones, lo que es inconstitucional, además de herir principios universales de derecho, adoptados por Brasil en tratados internacionales.

Por ejemplo: el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, ha incluido al expresidente en un proceso sobre la Petrobrás en el Supremo Tribunal Federal. Casi al mismo tiempo, solicitó la transferencia, para la jurisdicción del juez Sergio Moro, de procesos que tratan sobre los mismos hechos, lo que significa una doble investigación del expresidente Lula.

PERSEGUICIÓN, ARBITRARIEDADES Y ABUSOS

Durante los últimos 12 meses, Lula le ha prestado 5 declaraciones a la Policía Federal y al Ministerio Público y ha presentado informaciones por escrito en 2 procesos.

A pesar de haber cumplido todos los mandatos y solicitudes y de haberle brindado aclaraciones a las autoridades, inclusive voluntariamente, el día 4 de marzo Lula fue sometido, de forma ilegal, injustificada y arbitraria, a una conducción coercitiva para declarar sin cualquier intimación anterior – un verdadero secuestro por parte de la Fuerza Especial de la Operación Lava Jato.

Lula ha sido objetivo de un pedido de prisión preventiva, de forma más ilegal aún, injustificable y arbitraria, por parte de fiscales de Justicia de Sao Paulo, que fue negado por la Justicia por su flagrante ilegalidad.

Agentes del estado han filtrado y continúan filtrando criminalmente datos bancarios y fiscales de Lula, de sus hijos, del Instituto Lula y de LILS Palestras para la prensa.

El juez Sergio Moro ha divulgado ilegalmente conversaciones telefónicas privadas del expresidente Lula, de su mujer, Marisa Letícia, y de sus hijos, con diversos interlocutores que nada tienen que ver con los hechos investigados, incluso un diálogo con la presidenta de la República, Dilma Rousseff.

Esta filtración criminosa – expresamente condenada como ilegal por el ministro Teori Zavaski, del STF – fue manipulada por la prensa de forma que le impide a Lula asumir el cargo de ministro de la Casa Civil, para lo cual había sido indicado pocas horas antes de la divulgación ilegal.

Ningún líder político brasileño ha tenido su intimidad, sus cuentas, sus movimientos tan investigados, en un verdadero complot contra un ciudadano, faltándole el respeto a sus derechos y negándole la presunción de la inocencia.

A pesar de todo, no hay ninguna acción judicial aceptada contra Lula, o sea: él no es reo, pero sus acusadores, en el aparato del estado y en la prensa, lo tratan como previamente condenado.

El resultado de este complot de agentes del estado y de los medios de comunicación es la mayor operación de propaganda opresiva que ya se haya hecho contra un hombre público en Brasil. Es el linchamiento jurídico–mediático y la incitación al odio contra el mayor liderazgo político del País.

Lula es perseguido porque no pueden derrotarlo en las urnas. Y a pesar de que la sistemática campaña de difamación jurídico-mediática, continúa siendo evaluado en las encuestas como el mejor presidente que Brasil ha tenido, además de liderar los muestreos para una futura elección presidencial.

LULA NO HUYE DE LA JUSTICIA: RECURRE A LA JUSTICIA

El expresidente Lula viene recurriendo sistemáticamente a la Justicia contra los abusos y arbitrariedades practicadas por agentes del estado, difamadores profesionales y medios de comunicación que divulgan mentiras a su respecto.

La defensa de Lula solicitó y ha obtenido la apertura de Procedimientos Disciplinarios en el Consejo Nacional del Ministerio Público contra dos fiscales de la República que actuaron de forma facciosa.

Le presentó al CNMP y ha obtenido la confirmación de ilegalidad en la apertura de proceso por parte de fiscales del Ministerio Público de Sao Paulo.

Le presentó al STF y aguarda el juicio de la Acción Civil Originaria, con agravio, para definir a quién le compete investigar los hechos relacionados a la quinta Santa Bárbara y al Condominio Solaris.

Recurrió al Tribunal de Justicia de Sao Paulo y espera el juicio contra la decisión de la jueza de la 4º Jurisdicción Criminal sobre el mismo conflicto de competencia.

Le presentó al STF un habeas corpus contra la decisión antijurídica del ministro Gilmar Mendes, corregida y revocada por el ministro Teori Zavascki en mandato de seguridad de la Abogacía General de la Unión.

Le presentó al STF un recurso contra la decisión del ministro Gilmar Mendes que lo impide de asumir el cargo de Ministro de Estado, aunque Lula complete todos los requisitos constitucionales y legales para tal fin.

Le presentó al juez Sergio Moro cuatro solicitudes de devolución de objetos personales de nueras e hijos de Lula, confiscados ilegalmente por la Policía Federal.

Le presentó Representación a la Procuraduría General de la República contra actos abusivos y usurpación de competencia por parte del juez Sergio Moro.

Le presentó Reclamación al STF contra actos abusivos del juez Sergio Moro, que usurpan la competencia de la Suprema Corte;

Y le presentó, el cinco de Julio, excepción de sospecha en relación al juez Sergio Moro, para que el mismo reconozca la pérdida de imparcialidad para juzgar acciones involucrando a Lula, entre otras razones, por haber anticipado juicios.

Contra sus detractores en la prensa, en el Congreso Nacional y las redes subterráneas de difamación, los abogados del expresidente Lula presentaron:

● 6 quejas crimen;

● 6 interpelaciones criminales;

● 9 acciones indemnizatorias por daños morales;

● 5 pedidos de procesos criminales;

● y plantearon dos solicitudes de derecho de respuesta, una de las cuales atendida y la otra, contra la TV Globo, en trámite en la Justicia.

Quien le debe explicaciones a la Justicia y a la sociedad no es Lula; son los fiscales, investigadores policiales y jueces que abusan del poder, son los periódicos, las emisoras de radio y TV que han manipulado falsas noticias y acusaciones sin fundamento.

LA VERDAD SOBRE LAS ALEGACIONES CONTRA LULA

En declaraciones, manifestaciones de los abogados y notas del Instituto Lula, el expresidente Lula aclaró todos los hechos y rebatió las alegaciones de sus detractores.

Lula entró y salió de la Presidencia de la República con el mismo patrimonio inmobiliario que poseía antes, patrimonio adquirido durante una vida de trabajo desde la infancia.

No oculta, no evade, no tiene cuentas en el exterior, no registra bienes en nombre de otras personas ni de empresas en paraísos fiscales.

Y jamás ha participado o se ha beneficiado, directa o indirectamente, de desvíos en la Petrobrás o en cualquier acto ilícito, antes, durante ni después de haber ejercido la Presidencia de la República.

He aquí un breve resumen de las respuestas a las falsas alegaciones, con la indicación de los documentos que comprueban la verdad:

Apartamento en Guarujá: Lula no es y nunca ha sido dueño del apartamento 164-A del Condominio Solaris, porque la familia no quiso comprar el inmueble, aún después de haber sido reformado por el verdadero propietario. Informaciones completas en:http://www.institutolula.org/documentos-do-guaruja-desmontando-a-farsa

Quinta en Atiabia: Lula no es y nunca ha sido dueño de la Quinta Santa Bárbara. La quinta fue comprada por amigos de Lula y de su familia con cheques administrativos, lo cual elimina la hipótesis de lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Las reformas realizadas en la quinta fueron arcadas por los propietarios y nada tienen que ver con los desvíos investigados en la Operación Lava Jato.

Informaciones completas y documentos sobre Atibaia y el patrimonio de Lula en:

http://www.institutolula.org/o-que-o-ex-presidente-lula-tem-e-o-que-inventam-que-ele-teria

Conferencias de Lula: Después que dejó la presidencia de la República, Lula ha dado 72 conferencias contratadas por 40 empresas de Brasil y del exterior, pagando impuestos mediante la empresa LILS Palestras. Los valores pagados y las condiciones contractuales fueron los mismos para las 40 empresas: tanto las 8 investigadas en la Operación Lava Jato como en las otras 32, incluyendo a INFOGLOBO, de la Familia Marinho. Todas las conferencias fueron efectivamente realizadas, de acuerdo con lo comprobado en esta relación con fechas, lugares, contratantes, temas, fotos, videos y noticias:

http://institutolula.org/uploads/relatoriopalestraslils20160323.pdf

Donaciones al Instituto Lula: El Instituto Lula recibe donaciones de personas y de empresas, de acuerdo con la ley, para mantener sus actividades, y eso no tiene nada que ver con las investigaciones de la Operación Lava Jato. La Fuerza Especial ha divulgado ilegalmente a algunos donadores, pero escondió los demás y omitió del público cómo ese dinero se aplica, lo que se puede ver en el Informe de Actividades Instituto Lula 2011-2015:

http://www.institutolula.org/conheca-a-historia-e-as-atividades-do-instituto-lula-de-1993-a-2015

Acervo presidencial: El expresidente Lula no ha desviado ni se ha apropiado ilegalmente de  ningún objeto del acervo presidencial, ni ha cometido ilegalidades en el almacenamiento. Esta nota aclara que la ley brasileña obliga a los expresidentes a mantener y preservar el acervo, pero no señala medio ni recursos:

http://www.institutolula.org/acervo-presidencial-querem-criminalizar-o-legado-de-lula

La noticia de que parte del acervo habría sido desviado por Lula o de que él se hubiera apropiado de bienes del palacio, es falsa. La revista que divulgó esa farsa es la misma que desmontó el rumor en un reportaje de 2010.

http://www.institutolula.org/epoca-faz-sensacionalismo-sobre-acervo-que-ela-mesmo-noticiou-em-2010

Obstrucción de la Justicia: El expresidente Lula jamás ha conversado con el exsenador Delcídio do Amaral sobre acciones para obstruir la Justicia o sobre cualquier acto ilícito. En declaración a la Procuraduría General de la República, el 7 de abril, el expresidente Lula aclaró los hechos y desmintió al exsenador. Delcídio no ha presentado cualquier prueba de indicio, evidencia o testimonio de sus ilaciones.

EL INTERROGATORIO DE LULA

En este enlace, la declaración integral de Lula a los investigadores policiales y fiscales de la Operación Lava Jato, brindada bajo conducción coercitiva en el aeropuerto de Congonhas el 4 de marzo de 2016.

http://www.institutolula.org/leia-a-integra-do-depoimento-de-lula-a-pf-em-14-03